El objetivo principal del Genocidio en Colombia fue el de cambiar la identidad del pueblo colombiano, exterminando a las comunidades rurales (campesinos, indígenas, afro) para transformar la estructura productiva colombiana por medio de una guerra planificada y posicionar el modelo económico, social y político que desde hace varias décadas gobierna ese país.

Mantener el poder que tanta sangre y violencia les ha costado.

Un diseño transnacional de la guerra neocolonialista, que inaugura el siglo XXI por parte de Estados Unidos y Colombia en el contexto de la región andina, requiere ser leído como la concreción de un paquete genocida y etnocida, en el despliegue encubierto del racismo y la eugenesia que ello implica, en tanto doctrina civilizatoria blanca que masacra y destierra poblaciones, desocupando territorios en nombre del desarrollo, la democracia, los derechos humanos y la paz.

Este laboratorio del despojo y el desarraigo también evidencia su matriz necropolítica en la representación discursiva que construye de las víctimas sobrevivientes, a través de la división del trabajo institucional, en su función paliativa de sofocamiento de la barbarie, con la “ayuda humanitaria” y su fabricación categorial desplazado, refugiado, reasentado, etcétera. Un conjunto de etiquetas que describe y analiza los itinerarios de los desposeídos, reeditando el ocultamiento racista y escamoteando las causas que subyacen a la acumulación sin límite del capitalismo colonial y su espíritu de aniquilación. Lo anterior con un eficaz trabajo de homogenización y borramiento histórico, que inserta a los marginados como individuos; un guarismo de la indigencia o la pobreza en las cifras del desarrollo y la modernización. Ver:

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-75502016000200006

-6402 civiles asesinados  por las fuerzas militares oficiales haciendo pasar sus cadáveres como bajas guerrilleras para cumplir con las expectativas de la guerra contrainsurgente entre 2002 y 2008

-Cerca de 4.000.000 de personas fueron desplazadas entre 1995 y 2013.  

Las fumigaciones no disminuyeron los cultivos, al contrario ahora hay más

-Persecución a la base productiva campesina del negocio de la droga y no  a los traficantes. 

-Los campesinos obligados a sembrar coca por ser el único producto rentable frente a las nefastas  políticas agrarias que rigen en Colombia, se convierten en el objetivo principal de la persecución lo que trae como consecuencia el desplazamiento por criminalización. 

Intensificación del hambre, las fumigaciones dañaron los cultivos de pan coger. 

-Violaciones a los Derechos Humanos por parte de la fuerza pública al convertir al campesinado en El enemigo Interno rompiendo con el principio de distinción entre combatientes y no combatientes.

1. Garantías y respeto a los derechos humanos
2. El Gobierno debe aceptar la existencia del paramilitarismo 
3. El reconocimiento del campesinado como sujeto político de derechos 
4. Defensa y protección del territorio

Fuente TELESUR

“El problema de la impunidad es el manto de duda que va generando, sobre todo entre las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, sobre la capacidad o la voluntad del Estado para condenar la perpetración de estos crímenes. El no poder esclarecer delitos de esta magnitud, no hallar responsables de lo que ha sucedido en el país, tiene un efecto nefasto sobre el Estado de Derecho”.

“La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) lo ha dicho explícitamente y ha planteado que en relación a las violaciones de derechos humanos en Colombia existe un patrón que puede ser sistemático, por cuanto no toca el aparato organizado del poder. De vez en cuando logra develar y establecer la responsabilidad del perpetrador pero no toca a las personas que están en calidad de autores mediatos; es decir, en calidad de instigadores a la perpetración.

Porque durante varias décadas el pueblo se ha rebelado contra sus gobernantes por considerarlos ilegítimos. Las luchas del pueblo colombiano aunque invisibilizadas se evidencian en la gran cantidad  de personas vinculadas a movimientos sociales que han sido asesinadas.

A finales de 2019, Colombia siguió registrando el mayor número de personas desplazadas internamente, con cerca de ocho millones. 

En el primer semestre de 2021, La violencia dejó unos 27.435 desplazados en Colombia, un 177% más que en 2020, principalmente en la región Pacífica donde operan grupos ilegales que luchan por el control territorial y del narcotráfico según las estadísticas del Gobierno.

En Colombia se calcula que más de 6,6 millones de hectáreas fueron usurpadas como consecuencia de la violencia en las últimas dos décadas, en un país en el que el 1,5% de los propietarios tiene el 52% de la tierra que se puede cultivar, según los analistas del tema agrario.

Junto a los Santos, entre los apellidos más recurrentes de la política colombiana destacan los Ospina, los Lleras, los Valencia, los Pastrana, Los López, Los Gómez, Los Mosquera, Los Char, Los Noguera, Los Araujo, y unos cuantos más.