En el 2020 el mundo observó en vivo por las redes sociales el asesinato de un afroamericano George Floyd, a manos de un policía mientras era asfixiado y meses después se vio también la tortura que policías le propinaron con un taser a Javier Ordoñez y por lo cual se produjo su muerte. El estallido en Chile también iba andando y por momentos también se agudizaba la represión estatal que era representada por una fuerza pública formada por la dictadura . La agitaciòn era el lugar comùn por muchos lados del mundo.


Ni en el país “de primer mundo” como Estados Unidos desaparecía la violencia policial, principalmente racista, mucho menos en un país que posee sobresalientes indicadores de desigualdad, asesinatos y desplazamientos y en el que recurrentemente se comprueba que la policía y el ejército han hecho entrañables alianzas con el paramilitarismo.


Y es así que durante las jornadas de movilización en el 2021 en Colombia, miles y miles de personas, principalmente jóvenes, salieron a protestar a las calles contra el gobierno, exigiendo reformas de la policía a causa de estos casos concretos de extrema brutalidad y asesinato policial que causaron estallar definitivamente la indignación de la gente y que sumaron posteriormente, otras indignaciones ante la falta de sentido común para responder con algo como Estado y con los nuevos estragos económicos y sociales que producía esta inesperada pandemia, reclamos y exigencia que evidentemente este gobierno ni escucho, ni atendió.


Teniendo en cuenta el sin número de levantamientos populares y este acumulado de violencia paraestatal, que han atravesado la historia de este país desde la época de la violencia hasta la actualidad,, en esta ocasión se revelaron a través de cientos de videos en vivo principalmente por Instagram la forma en que iban cayendo día tras día, un joven tras otro, sin poder salvarse de la muerte y por lo tanto la indignación creció monumentalmente.


Hubo múltiples herramientas de guerra que fueron utilizadas por el gobierno utilizaron a través de la fuerza pública, que se encarnizaba con la represión y que utilizaban armas no convencionales como la VENOM que era ubicada para los tanques del ESMAD y que fueron llevadas barrio adentro para causar solo a la vista un efecto perturbador y de terror en la población, el arma fue utilizada en varias ocasiones bajo un sistema que disparaba automáticamente 30 municiones en una sola vez.


Todo amparado bajo la usual justificaciòn del orden y la seguridad que ha sido medidos por números de muertos, números de presos en defensa de la histeria y el miedo de las personas adineradas, que han acudido a la estigmatización histórica de los jóvenes de sectores populares, tal como se evidenció en las redes sociales en la ciudad de Cali, en el Valle del Cauca, que descaradamente paramilitarizaron y se reunieron con el fin de callar la rabia social.


Durante todos estos dìas de protestas hubo un estallido en el arte, este no tenía nada que ver con el escenario de las galerías de arte, porque este emergìa desde los barrios donde colectivos de jóvenes pintaban enormes murales en los que se denunció los atropellos del gobierno y donde se construyeron nuevas identidades territoriales que recogían otros sectores sociales históricamente marginados.


En estos sitios de resistencia se cocinaban ideas y ollas comunitarias a las que acudían cientos de familias que pasaban hambre, ademàs durante este estallido surgió contundentemente la caída de varios monumentos del país en los que grupos étnicos entregaron una reflexión política definitiva sobre los cimientos construidos por una parte de la sociedad colona que parece estar muriendo y en las movilizaciones se asomaron performance que pusieron la mirada en otras identidades que han sufrido los daños desproporcionados de la fuerza pública y a través de estos cuerpos daban lecciones de vida.
El conflicto entre la fuerza pública y los manifestantes se agudizò y los “ciudadanos de bien”, mencionados así,bajo una condición social de la que ellos se autodenominan y que sus cuerpos manifiestan ciertas características caricaturescas y al tiempo bizarras como Vestir de blanco, usar sombreros, habitar en conjuntos residenciales costosos con jardines de gran altura que impiden ver sus propiedades, mujeres racistas aterradas con la rabia popular, motivando a sus maridos a matar, pequeñas multitudes y jornadas ejemplarizantes de tapar murales. Estos decidieron disparar en vivo y en directo mientras una caravana de la Minga indígena se adentraba, para unir esfuerzos, apoyar e impedir que se recrudeciera el conflicto con los jóvenes de la primera línea, en este atentado hubo varios heridos y total impunidad con quienes dispararon.


Según informe de Temblores ONG, que monitoreó e investigó y atendió múltiples denuncias de brutalidad policial durante este paro del 2021,, se registraron un total de 5.008 casos de violencia policial, entre estas, violencia sexual, hostigamientos, amenazas, intervenciones violentas, 66 casos de montajes judiciales( estos siguen en aumento en la actualidad) y frente a los lugares donde más se presentaron casos, el Valle del Cauca fue donde más ocurrieron hechos de violencia policial, seguidos por Bogotá y Nariño.
De violencias oculares ocurrieron 105 y 80 homicidios con presunta responsabilidad de la Policía y alianzas con paramilitares. El número de personas desaparecidas alcanzó una cifra alarmante, de 379 casos y hasta junio del año pasado, la fiscalía había ubicado 335 personas, muchos aparecieron después de torturas y detenciones ilegales y hasta hoy se registran 6 desapariciones forzadas que la fiscalía sigue negando que se traten de casos, dentro del marco del paro.


Después de la tortura viene la masacre y los cuerpos desmembrados, durante el estallido, se encontraron en varias zonas del país, las cabezas de jóvenes que habían participado de las protestas, así se llega a la ilustración y a esto le sigue el desplazamiento masivo, según el DANE 57.116 personas han sido víctimas de desplazamiento forzado en el 2021, cifra alarmante porque el desplazamiento masivo se triplico en comparación con el año 2020 y sin dejar de lado, la colombiana e histórica cifra que redondea los 5.6 millones de personas desplazadas como consecuencia del conflicto armado según el IDMC.
Por último, ha quedado la secuela, la resaca del autoritarismo, que continúa negando casi la mitad de la población del país, el 42% de la población colombiana es pobre y actualmente la crisis alimentaria ha llegado a las ciudades.


Recientemente y acudiendo a mecanismo legislativos para criminalizar la protesta, el gobierno creó y aprobó la “Ley de seguridad ciudadana” que le da facultades a civiles como Andres Escobar, para armarse, y acudir a la legítima defensa, asesinar jóvenes y justificar crímenes racistas, clasistas y también aumentar penas punitivas para reprimir a próximos protestantes.


Lo horroroso de esta historia es que después de la admiración masiva y haber reconocido acciones de esperanza en estos jóvenes hoy 201 de ellos son investigados por la fiscalía, varios se encuentran en la cárcel y pretenden condenarlos por delitos que cometieron durante el estallido,  un recurrente ciclo vicioso de muerte o persecución y el que no logre ser criminalizado, puede ser asesinado y así una y otra vez se repite esta injusta historia de impunidad.